El tribunal estima que hay indicios racionales de delito y deja a un paso del juicio a tres responsables del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además de señalar al organismo como responsable civil subsidiario.

 

La decisión revoca el sobreseimiento provisional que había dictado el Juzgado de Vielha, después de que las familias de las víctimas presentaran recurso. En su resolución, la Audiencia subraya las graves deficiencias en la seguridad laboral, detectadas en la investigación de la Inspección de Trabajo, que denunció la omisión casi completa de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

 

 

 

El 22 de marzo de 2018, tres miembros de una expedición científica del CSIC se dirigían al lago Redon, dentro de un proyecto de investigación, cuando fueron sorprendidos por un alud en la Vall de Conangles que los arrastró por una pendiente de 90 metros.

 

En el accidente perdieron la vida Gaspar Giner Abati, biólogo salmantino, y Unai Pérez de Arenaza, montañero de Bergara, mientras que Roberto Sánchez, investigador de Lasarte-Oria, resultó gravemente herido.

 

 

La investigación reveló que las víctimas no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social y que su contratación se realizó de forma verbal pocos días antes de la expedición. Además, no se tomaron las medidas de prevención adecuadas ni se gestionaron las autorizaciones necesarias para realizar la actividad en condiciones de seguridad.

 

La Audiencia considera que estas irregularidades podrían constituir delitos contra la seguridad en el trabajo, lesiones y homicidio imprudente, por lo que la causa continuará su curso contra los tres responsables del CSIC y el propio organismo.