El Principado de Asturias rechaza devolver los forfaits de temporada de Valgrande-Pajares

Esta temporada, las instalaciones han estado cerradas al público muchos días y no por falta de nieve.

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Vie, 25/04/2025 - 13:12

A pesar de funcionar solo 49 de los 140 días contratados, la administración alega cláusulas de no reembolsabilidad, mientras los esquiadores afectados amenazan con acciones legales.

El Principado de Asturias ha rechazado devolver total o parcialmente el importe de los forfaits de temporada 24-25 de la estación de Valgrande-Pajares, pese a que ésta estuvo operativa únicamente 49 de los 140 días contratados.

El Principado ya ha comunicado a decenas de esquiadores afectados que sus reclamaciones han sido desestimadas.

La Dirección General de Actividad y Deporte arguye que las condiciones contractuales excluyen expresamente cualquier reembolso, incluso ante cierres prolongados o deficiencias en la prestación del servicio.

Los usuarios señalaban que, de los 140 días de esquí incluidos en el abono, solo se abrieron las instalaciones en 49 jornadas.

El emblemático telecabina de Valgrande Pajares el pasado mes de enero.

Atribuyen esta brecha a las bajas laborales simultáneas del director y del jefe de explotación, que dejaron sin supervisión técnica los remontes; a la inoperatividad del 65 % de los cañones de nieve artificial por falta de mantenimiento y recambios; y a las continuas averías del telecabina desde febrero, que interrumpieron el acceso a las cotas altas.

En sus escritos al Principado, los esquiadores pedían la devolución del 50 % del coste del forfait o, subsidiariamente, un descuento equivalente en la próxima campaña invernal.

La resolución oficial recuerda que “el forfait o abono adquirido no será reembolsable, ni total ni parcialmente, por lo que no procede su reembolso”, en virtud de las cláusulas de prestación de servicios aprobadas por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes.

Los usuarios, respaldados por varios clubes de esquí y la Asociación de Vecinos del Brañillín, consideran que los incumplimientos están “claramente demostrados” y estudian emprender una acción judicial colectiva por incumplimiento contractual, así como ejercer presión política para que la normativa incluya compensaciones automáticas por días de cierre no justificados.