El procurador popular, José Luis Sanz Merino, ha pedido al Gobierno español que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, deje de tomar decisiones que obstaculicen la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada y que desista de cualquier proceso judicial en sentido contrario.

 

El texto de la iniciativa también insta a Parques Nacionales a que tramite una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en la vertiente segoviana.

 

Además, solicita al Gobierno que cese en el acoso político a las empresas de Castilla y León, especialmente a la explotadora de la estación de esquí, y que renueve las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, también dependiente del MITECO, que habían sido emitidas para inutilizar las instalaciones de toma de agua para fabricar nieve artificial.

 

 

Sanz Merino ha señalado que el Grupo Popular se ve obligado a plantear de nuevo este asunto tras una iniciativa similar en abril de 2021, "porque el Gobierno de nuestra nación, lejos de mostrarse sensible con la petición de los representantes electos de nuestra Comunidad, ha acentuado más su incomprensible aversión a Castilla y León".

 

Uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para oponerse a los intereses de Castilla y León es el problema de tráfico en las inmediaciones. El propio Ministerio para la Transición Ecológica, en su Plan de Recuperación y Activación Económica Sostenible del Puerto de Navacerrada, justificaba el cierre por la congestión del tráfico que ocasionaba, pero también indicaba que no era porque los visitantes fueran a esquiar, sino porque seguirían yendo a hacer turismo de naturaleza. "Es una muestra más de la manía persecutoria del Gobierno hacia Castilla y León", ha concluido Sanz Merino.

 

Es importante destacar que la situación de la estación de esquí de Navacerrada sigue siendo objeto de controversia, especialmente en relación a su impacto ambiental y a los problemas de tráfico que genera en la zona.

 

El cierre de la estación ha sido un tema recurrente en los últimos años, tanto por parte de los detractores de la explotación como de los defensores de su continuidad como fuente de empleo y desarrollo económico en la zona. En estos momentos, la solución sigue enquistada en los juzgados.

 

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