C's reclama contratos del Ayuntamiento de Valladolid con la empresa de Meseta Ski
Meseta Ski. Fuente snowflex.com
Vie, 26/05/2017 - 06:30
El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado que se le entreguen todos los contratos firmados por el consistorio con la empresa Isolux Corsán, anteriormente Corsán-Corviam, adjudicataria de la construcción del fallido proyecto de Meseta Ski
Según un comunicado de la formación naranja, en la Diputación de Valladolid ya se ha aprobado una Comisión de Investigación de los contratos que la empresa Isolux Corsán firmó con la institución provincial entre 2003 y 2016.
La formación naranja recuerda que en la Diputación de Valladolid ya se ha aprobado una Comisión de Investigación de los contratos que la empresa Isolux Corsán, adjudicataria de la construcción del fallido proyecto de Meseta Ski, firmó con la institución provincial entre 2003 y 2016.
Pilar Vicente. Fuente Ciudadanos Valladolid
Además, dicha empresa actualmente está inmersa en un presunto pago de un viaje a Japón al que fuera vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno, unos hechos que están siendo investigados por los juzgados y la Fiscalía de Valladolid.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, “queremos revisar los contratos firmados por el Ayuntamiento con esta empresa, para conocer si ha habido o hay obras fantasma o sobrecostes en las adjudicaciones”, ha explicado Pilar Vicente, Portavoz municipal de Ciudadanos.
Meseta Ski
Recordemos que Meseta Ski es un viejo proyecto promovido por la Diputación de Valladolid en la localidad de Villavieja del Cerro (Tordesillas), localidad que cuenta con unos 100 habitantes. Este proyecto iniciado en el 2006, consistía en una pista de Ski de nieve sintética, además de otros edificios orientados al ocio que no han llegado a ver la luz.
Fue paralizado en 2008 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción al considerar que se vulneraba la Ley Estatal de Montes, lo que fue ratificado por el Tribunal Constitucional, que obligó a desmantelarlo tras una inversión de más de 10 millones.
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