Todo empezó cuando la Comunidad de Madrid les mandó una carta advirtiéndoles de que la concesión del terreno donde se hallan sus viviendas caducó -era el 2 de enero de 2020- y que como consecuencia tienen que abandonar las propiedades.

 

Tras finalizar la concesión, los terrenos y las edificaciones -varios chalés de lujo, bloques de pisos en plena montaña y negocios para el excursionismo y el esquí- deben volver a manos de sus propietarios, los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada.

 

Sin embargo, los vecinos siguen en las viviendas a la espera de que se desatasquen los cauces administrativos, pero no tienen nada claro que esas propiedades que en su día fueron un “chollo” no vayan ahora a ser expropiadas.

 

La Comunidad de Madrid, que actúa como gestora y supervisora, confirmó que la concesión no se podía prorrogar, pero en marzo del 2020, amplió a tres meses el plazo para estudiar las alegaciones de los vecinos a la declaración de la caducidad de la ocupación. Según informa el diario El Independiente, el estallido de la pandemia dificultó la presentación de los expedientes y se decidió caducar el proceso.

 

Ahora mismo, se está a la espera de abrir un nuevo procedimiento, pero todavía no hay fecha concreta.

 

Si bien la situación de Camorritos y el Puerto de Navacerrada no guarda relación directa con el desmantelamiento de las tres pistas -Telégrafo, el Escaparate y el Bosque- de la estación de esquí de Navacerrada anunciado hace una semana por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la similitud entre los dos procesos y su proximidad temporal, ha reavivado el problema de los vecinos.

 

En el caso que nos ocupa, tenemos que remontarnos a hace un siglo, cuando en 1920 se otorgó una concesión de derechos temporales de ocupación “para atraer a gente de la capital y fomentar así la economía del pueblo“. Transcurridos 99 años, esta concesión caducó el 16 de abril de 2019.

 

Estos terrenos estaban incluidos dentro del catálogo de montes de utilidad pública desde 1862 y no se podían ni urbanizar ni vender. Pero debido a la gran afición a la montaña, surgió la idea de construir un tranvía que ascendiera al Puerto.

 

 

Para ello, se creó la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Gaudarrama (SAFEG), que solicitó la concesión. La sociedad logró su objetivo entre 1919 y 1921 para construir un tren de vía estrecha que uniría Cercedilla con Navacerrada y Cotos y para levantar complejos sanitarios para enfermos de tuberculosis, ya que los aires puros de los pinares serranos podrían ayudar a mejorar la situación de estas personas.

 

Entonces, el Estado también permitió que la SAFEG construyera viviendas de descanso y recreo para fomentar la economía de Cercedilla. La sociedad podía, a su vez, conceder a terceros derechos de ocupación temporal para que construyeran sobre ellos.

 

En total se cedieron 85,5 hectáreas repartidas entre tres montes de utilidad pública. En el Pinar de la Helechosa, propiedad del Ayuntamiento de Navacerrada, no se construyó nada. Sobre el Pinar y Agregados, el terreno cedido más amplio, se levantó la colonia de Camorritos, en Cercedilla. Y en el Pinar Baldío, un área que pertenece a los dos ayuntamientos, se asentó lo que hoy conocemos como el Puerto de Navacerrada.

 

Por un lado están 80 propiedades de Cercedilla, chalés que pertenecen a la alcurnia madrileña del siglo XX como la familia Koplowitz. Algunas de esas edificaciones son de notable valor y deberían figurar en el catálogo de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid, según la Asociación de Titulares de la Colonia Camorritos.

 

Varios chalés llevan la firma de arquitectos ilustres como Zavala Lafora, Rivas Eulate, Durán de Cottes o Gutiérrez Soto.

 

 

Por otro, unos 350 pisos del Puerto de Navacerrada que en los 70 se levantaron en terrenos públicos. Son ocho bloques de apartamentos en la falda de la montaña, un lugar elegido por las clases altas para practicar el esquí cuando empezaba a ponerse de moda, momento en que muchas personas compraron los apartamentos sin saber que había una concesión del terreno para la ocupación de 100 años.

 

Unos y otros se hallan en el limbo y los vecinos consideran que las casas siguen siendo propiedad de las personas que viven en ellas. La batalla legal se presenta larga.