La estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla, uno de los pilares turísticos salmantinos, vive una de sus etapas más cruciales.

 

 

En el centro del debate se encuentra la falta de consenso político y la indefinición sobre el modelo de gestión. Mientras el equipo de Gobierno de Béjar, liderado por el popular Luis Francisco Martín, aboga por ultimar las mejoras pendientes para posteriormente externalizar la gestión a una empresa privada, la oposición, encabezada por el portavoz socialista Antonio Cámara, reclama un proyecto integral que garantice el uso eficiente de los fondos públicos y la sostenibilidad futura de la estación.  

 

El Plan de Fomento Territorial de Béjar, que incluye 3 millones de euros de la Junta de Castilla y León, un millón de la Diputación de Salamanca y 500.000 euros de fondos municipales, tenía como objetivo modernizar La Covatilla para adaptarla a las exigencias del mercado.

 

 

Entre las actuaciones previstas se encuentran la ampliación del sistema de nieve artificial, la mejora de las pistas y la zona de debutantes, así como proyectos de desestacionalización mediante actividades turísticas durante el verano.  

 

 

La comisión de seguimiento de las subvenciones ha exigido recientemente al Ayuntamiento de Béjar la presentación de un proyecto detallado que justifique las inversiones y su impacto en la economía local.  

 

Además, será necesario un informe del Gobierno regional para verificar que las actuaciones respeten las restricciones medioambientales de este enclave de alta montaña.

 

 

El equipo de Gobierno se inclina por externalizar la operación de la estación, un modelo que ya se probó en el pasado y que permitiría que una empresa especializada asumiera los riesgos y la explotación de la instalación.

 

Sin embargo, desde la oposición consideran que no es apropiado destinar fondos públicos a mejorar la infraestructura para luego entregarla a manos privadas sin garantizar previamente un retorno económico y social para la comarca.  

El tiempo apremia para La Covatilla, no solo por la presión para ejecutar las inversiones antes de que expiren los plazos, sino también por los retos estructurales a los que se enfrentan las estaciones de esquí de baja altitud.

 

El centro de pernoctación en altura, incluido inicialmente en los planes, ha sido descartado temporalmente debido a la falta de permisos medioambientales, mientras que los fondos de la Diputación se redirigirán a mejoras en la maquinaria y los cañones de nieve.  

 

 

Pero esto solo será posible si las fuerzas políticas logran encontrar un consenso que permita ejecutar las inversiones de forma estratégica y sostenible.