El asunto sobre el llamado "impuesto del cable" colea desde hace tiempo. Esta tasa sobre el transporte en medios mecánicos (léase remontes)que creó el PSOE en 2006 y que posteriormente elimino el PP 6 años más tarde, fue "rescatada" hace unos meses por el actual Gobierno de Aragón, lo que supuso un desacuerdo con algunas de las estaciones de esquí del Pirineo de Huesca y los empresarios del turismo de nieve ya que obligaría a una subida de los precios de los forfaits y la consiguiente pérdida de competitividad del sector. 

Las que más levantaron la voz en contra fueron Candanchú y principalmente Astún -que fue un paso más allá y recurrió ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) la aplicación del impuesto- ya que el resto de centros invernales aragoneses (Grupo Aramón) mantener una postura neutra al pertenecer en un 50% a la administración autonómica. 

 

Astún y Candanchú al fondo. Foto: Gaudir Amone
 

Pues bien, recursos viene y va, ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno y desestima en sentencia judicial las dos apelaciones interpuestas por Astún-Eivasa que además, se verá obligada a asumir unos 8000€ en costas.

 

La sentencia confirma que el transporte por cable supone un perjuicio medio-ambiental y que “hay un daño derivado de su uso”, por tanto, a través de la recaudación del impuesto, la Administración pretende paliar el efecto que sobre la fauna, flora y las propias personas supone el transporte por cable, independientemente del impacto visual que representa.