El Tribunal Constitucional ha descartado estudiar el conflicto negativo de competencia entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio para la Transición Ecológica relativo a la solicitud que hizo la sociedad que gestiona la estación de esquí del Puerto de Navacerrada.
La empresa concesionaria pide que se le permita continuar con la explotación, teniendo en cuenta en el cómputo de la concesión que durante los primeros meses de la pandemia no se pudieron utilizar las instalaciones.
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Según ha informado este jueves el tribunal de garantías, el tribunal ha inadmitido a trámite el conflicto negativo de competencia presentado por Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A., por lo que los magistrados no abordarán la cuestión en un próximo Pleno.
El conflicto se remonta a marzo de 2021, cuando el Organismo Autónomo Parques Nacionales notificó a la Junta de Castilla y León que la concesión había expirado y que no se iba a renovar, obligando al cierre de estas pistas, al desmantelamiento de los telesillas y otras instalaciones.
Pista El Bosque, una de las tres que debía ser desmantelada.
La sociedad que gestiona la estación, autorizada para la ocupación de los terrenos por el Organismo Autónomo Parques Nacionales durante 25 años, solicitó la interrupción temporal del cómputo de ese plazo por entender que la estación no había podido apenas ser usada el último año como consecuencia de la pandemia.
Alegó que, a raíz de la crisis sanitaria, había dejado de percibir los habituales ingresos de los usuarios de la estación con los que se resarce de su explotación.
El organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica solicitó declarar la caducidad de la concesión de dominio público otorgada para ocupar los terrenos del Monte 'Pinar de Valsaín' a efectos de su explotación como estación de esquí.
En octubre, el Consejo de Gobierno declaró que la Junta de Castilla y León no era competente para resolver la solicitud de interrupción del cómputo del plazo de la ocupación de la estación de esquí alpino del puerto de Navacerrada, ubicada en 'Pinar de Valsaín', propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) que depende del Ministerio de Transición Ecológica.
En noviembre, sin embargo, la Junta acordó que la sociedad seguiría prestando servicio al considerar "que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar" dicho cierre.
El presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que el cierre decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez atacaba "claramente" el futuro económico de Navacerrada y de todo su entorno y defendió que “es perfectamente compatible el uso de la estación de esquí con los aprovechamientos, con los montes de utilidad pública, donde se ubican las pistas".
La ministra Teresa Ribera mostró su preocupación una vez que la Junta de Castilla y León decidió "incumplir la norma" e ir "más allá del límite" de una concesión administrativa que ha dejado de estar en vigor.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el gobierno autonómico por "ocupación ilegal".
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