.Así lo aseguró la semana pasada a los medios de comunicación como el Periódico de Aragón, la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, en respuesta a la sentencia hecha pública  por el Tribunal Supremo que anula el referido plan urbanístico por carecer de estudio de evaluación de impacto ambiental.

 

 

Gastón, aseguró que la sentencia del Supremo se limita a reflejar la existencia de un "defecto de forma" en la tramitación del plan urbanístico, pero sin hacer referencia a ningún otro tipo de afecciones.

 

Además explicó que el proyecto integral de infraestructuras de nieve de Aragón (PIVA) continúa vigente hasta el año 2020, por lo que, ha añadido, si el Ayuntamiento de Montanuy resuelve revisar el plan urbanístico con el preceptivo informe medio ambiental, tendrá el apoyo del Ejecutivo aragonés y de Aramón.

 

Además destacó, Aramón, a través de la sociedad Castanesa, sigue "trabajando" en el proyecto inicial de ampliación de la estación de esquí, que advirtió, "no depende de lo que diga la sentencia".

El plan urbanístico de la zona, aprobado en 2006, preveía la construcción de unas 2.500 viviendas en una zona por la que Aramón pagó a los propietarios alrededor de 21 millones de euros, proyecto ligado en cualquier caso a la ampliación de la estación de esquí.

 

 

Por su parte la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, confirmó a las agencias que el municipio mantiene su interés en un proyecto "en el que se ha trabajado durante 10 años y en el que queremos seguir trabajando si Aramón realmente demuestra una voluntad verdadera de invertir en la conexión de la estación".

 

Esther Cereza mostró la disposición de su consistorio de elaborar un nuevo plan urbanístico ya que, según ha afirmado, del proyecto depende la "salvación" de un valle con un municipio del que dependen 17 pueblos que acogen entre todos durante el invierno unos 150 habitantes, el 65 por ciento de los cuales jubilados.

 

La alcaldesa remarcó que cuando se elaboró el Plan General de Ordenación Urbanística de la zona no se incluyó un estudio de impacto ambiental porque desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) se informó al municipio de que no era necesario.